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El presente artículo fue publicado originalmente en la revista fundada por Javier Villate, e incoroporada al proyecto en.red.ando: http://enredando.com/cas/enredantes/enredantes49.html, quien ha cedido su publicación a dominiuris.

¿QUIENES DOMINAN LOS DOMINIOS?
Por Javier Villate.
Noviembre de 1.999.

El Congreso de Estados Unidos aprobó, el pasado día 26 de octubre, una ley que otorga privilegios desmedidos a las grandes compañías en los conflictos de nombres de dominios. La Trademark Cyberpiracy Prevention Act (Ley de Prevención de Ciberpiratería de Marcas Comerciales) (TCPA) contempla severas penas civiles contra aquellas personas que registren "de mala fe" marcas comerciales o nombres "confusamente similares". Estas penas llegan hasta los 100.000 dólares para aquellos que pretendan beneficiarse de dicho registro o infrinjan los derechos de los detentadores de las marcas comerciales.

La especulación de nombres de dominios ha adquirido grandes dimensiones y proliferan quienes registran nombres de dominios susceptibles de provocar el interés de grandes compañías para lucrarse con ello. Estos especuladores han conseguido, en varias ocasiones, que las empresas interesadas les paguen cientos de miles de dólares con el fin de abandonar el nombre de dominio en litigio. En otras ocasiones, los demandantes han llevado a los denominados "ciberocupas" a los tribunales y, a veces, han tenido éxito en sus reclamaciones, como ha sido el caso de Microsoft y Apple.

Sin embargo, como ya nos vienen acostumbrando con una reiteración cada vez más insoportable, los políticos acaban legislando de forma absolutamente desequilibrada, y siempre dificultando y recortando los legítimos derechos de los internautas. En esta ocasión, también.

La ley concede a quienes poseen marcas comerciales el privilegio de ostentar derechos previos sobre nombres de dominios. Nadie podría objetar, de buena fe, que se intente cortar esa lacra de la "ciberocupación"; pero de ahí a perseguir a quienes registran nombres de dominios codiciados por las compañías, aún cuando aquellos no persiguen beneficiarse de ello, hay un trecho que no debiera recorrerse. Si yo me apellido Michelin y registro ese nombre de dominio, ¿por qué la compañía de neumáticos ha de poder demandarme por ello? Si una pequeña empresa tiene la mala fortuna de llamarse de la misma forma que un producto de uno de los gigantes del software, lo tendrá igualmente crudo. En todos estos casos, la ley posibilitará que --en contra de lo que es práctica jurídica habitual-- los demandados por las poderosas firmas sean tratados como presuntos infractores: aquí no vale la presunción de inocencia.

Como es fácil imaginar, la ley está siendo apoyada por las grandes compañías y asociaciones como la Motion Picture Association of America, que busca defender los intereses de sus asociados, o la International Trademark Association.

Diversos grupos de derechos civiles de Estados Unidos han expresado su malestar ante lo que consideran un atropello contra la libertad de expresión. La Association for Computer Machinery (ACM), una prestigiosa asociación de profesionales de la informática con un gran número de afiliados, ha enviado una carta al portavoz del Congreso en la que expresa su oposición a la ley. En opinión de la ACM, la ley "perjudicará a muchos usuarios de Internet, incluyendo individuos, pequeñas empresas y organizaciones no comerciales". Según la ACM, "esta legislación muestra una fuerte inclinación en favor de las grandes corporaciones, ampliando los derechos de los propietarios de marcas comerciales mucho más allá de lo permitido por la legislación vigente".

Alan Davidson, abogado del Center for Democracy and Technology (CDT), cree que "esta legislación tiene serios defectos" y critica la forma silenciosa y acelerada en que ha sido tramitada en el Congreso.

A través de un comunicado, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha señalado que la ley "socava el uso legítimo y las libertades de la Primera Enmienda al otorgar a todos los poseedores de marcas comerciales nuevos y desmedidos derechos respecto a los existentes en la legislación vigente" (el "uso legítimo" se refiere a los nombres de dominios registrados sin ánimo de lucro).

Bajo los efectos de esta ley, los registradores de nombres de dominios se sentirán presionados para rechazar las solicitudes de nombres que sospechen pueden ser objeto de litigio. Hay que señalar que Network Solutions, uno de estos registradores, ya ha sido llevado a los tribunales, aunque sin éxito, por quienes reclaman que ha concedido ilegítimamente nombres de dominios sobre los que creen tener derechos. Con la nueva ley, la suerte de los registradores puede cambiar y, en consecuencia, pueden adoptar una postura más cauta y discriminadora en contra de los pequeños aspirantes.

Con la ley en la mano, compañías norteamericanas podrían arrebatar nombres de dominios, sin notificación previa, a empresas e individuos de otros países que no tengan los medios para viajar a Estados Unidos e iniciar allí un proceso judicial en su defensa.

Imaginemos que se repitiera el siguiente caso con la nueva ley en vigor. Gumby and Pokey son unos afamados juguetes norteamericanos cuya compañía ha llegado tarde a Internet. Se encontró con que www.pokey.net tenía un propietario: un chico de 12 años al que le llaman por su apodo, Pokey. El chaval, que recibió este dominio como un regalo de su padre en el día de su cumpleaños, opera este sitio web para informar sobre sus juguetes y reproducir fotos de su perrito. La compañía de juguetes demandó, sin éxito, a Pokey. Este había llegado primero. ¿Serviría eso de algo bajo la nueva ley? En otro caso, la empresa de los cómics Archie intentó adueñarse del dominio que utilizaba el nombre de uno de sus personajes, Veronica, que pertenecía a una joven de nombre Veronica. ¿Qué podría hacer esta joven internauta frente a la empresa editora respaldada por la nueva ley?

El término que se ha dado a este fenómeno, "ciberocupación", tiene una clara connotación negativa, pese al hecho de que muchos "okupas" no hacen otra cosa que buscar un techo bajo el que vivir y toman la vía de la acción directa como protesta contra la especulación del suelo y la vivienda. Estoy de acuerdo con Andy Oram, que ha propuesto utilizar el concepto de "especulación de nombres de dominios", algo más neutro.

Porque en los conflictos en torno a nombres de dominios existe una gran variedad de casos. Algunos ya los hemos mencionado: el de aquellos que registran nombres de dominios con evidentes objetivos de especulación; pero también los casos de Veronica y Pokey, que resultan en una casual coincidencia con nombres de marcas comerciales. Hay otro tipo de conflictos que involucran a quienes buscan premeditamente la confusión para aprovecharse de la fama de otros; o los de quienes pretenden criticar y parodiar determinados productos o empresas. Algunos casos, pues, plantean la necesidad de algún acción mediadora, pero otros son plenamente legítimos.

La especulación de nombres de dominios no debiera abordarse bajo el exclusivo prisma de la propiedad intelectual. Hacerlo así condiciona fuertemente el resultado: en ese caso, todo gira en torno a los derechos de quienes poseen las marcas comerciales que son, supuestamente, amenazados por otros. Tan importante, al menos, como esos derechos es la libertad de expresión de Pokey y Veronica, o la de quienes critican y parodian productos y empresas o, simplemente, los derechos de quien ha llegado primero (inevitable situación cuando nos referimos a recursos escasos, y los nombres de dominios lo son).

Todo esto está sucediendo cuando, como han subrayado los críticos, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), la organización que gestiona el sistema de nombres de dominios, está a punto de aprobar una normativa para la resolución de conflictos de este tipo. Según esta normativa, las compañías que registren nombres de dominios de alto nivel (los populares .com, .net y .org) que reclamaran sus derechos ante otros, deberían resolver sus disputas a través de un proceso de arbitraje y sufragar los gastos del mismo. A diferencia de la TCPA, los individuos y pequeñas empresas con escasos recursos no se verían, en este caso, discriminados para poder hacer valer sus derechos, ni tendrían tampoco que acudir a tribunales norteamericanos.

La TCPA desautoriza, lisa y llanamente, los dos años de trabajo de ICANN, que ha contado con la colaboración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El trabajo de ICANN no está, tampoco, exento de críticas. A la vista de las sentencias que los tribunales nortemearicanos han venido dictando en los diferentes conflictos, las cuales, en general, han sopesado los diferentes derechos en pugna y han emitido resoluciones equilibradas, algunos creen que la "autorregulación" propuesta por ICANN echaría por la borda la jurisprudencia desarrollada. No tiene por qué ser así. Por un lado, la nueva ley puede modificar esta jurisprudencia si no se consigue bloquear su aplicación; por otro, la normativa de la ICANN ha buscado, con bastante acierto, una solución lo más equilibrada posible.

En agosto, el Senado de Estados Unidos aprobó otra ley, la Anticybersquatting Consumer Protection Act, muy parecida a la del Congreso. Ahora, un comité bicameral deberá intentar reconciliar las dos versiones antes de llegar a una aprobación definitiva.

El parlamento de Estados Unidos ha tomado partido, lamentablemente, por los más poderosos; ha mirado Internet desde el punto de vista de los intereses comerciales. Pero la Red es algo más que comercio electrónico y gran capital. Veronica y Pokey deben tener tantos derechos como Microsoft y Apple. No es de recibo que un parlamento venga a decirnos que en el mundo digital hay ciberciudadanos de primera y de segunda clase.

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